El recurso plantea que el tribunal declare la “radical inconstitucionalidad” de la nueva normativa por infringir el derecho a la vida.

Vox ha presentado la mañana de este miércoles un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de eutanasia, que entra en vigor el próximo 25 de junio, en el que pide que su aplicación sea suspendida a la mayor brevedad, por afectar al derecho a la vida. La tesis del recurso es que si bien la ley que rige el funcionamiento del Constitucional no prevé la suspensión de leyes –salvo cuando lo solicita el Gobierno respecto de normas autonómicas-, el tribunal debería hacer una interpretación del marco legal que le permitiera evitar el riesgo de pérdida de vidas durante el período en que se esté tramitando esta impugnación.

Fuentes del Constitucional estiman que las posibilidades de que prospere la petición de suspensión formulada por Vox son muy remotas, por no decir inexistentes. En tales medios se subraya que el Constitucional nunca ha aceptado solicitudes de este tipo, por la falta de previsión legal para darles cauce. La ley orgánica del Constitucional sí determina que el Gobierno podrá solicitar la suspensión automática de las leyes autonómicas, en cuanto su recurso sea admitido a trámite. Pero no existe regulación de otro supuesto.

El recurso argumenta a su vez que si al final del procedimiento la ley de Eutanasia fuera declarada inconstitucional, como Vox propugna, se habría producido ya un daño irreparable, por los casos en que se hubiese aplicado. El texto de la impugnación, presentada por el grupo parlamentario de Vox, sostiene que este es un supuesto distinto al que planteó la ley de despenalización del aborto, que fue recurrida en 2010 y sigue, once años más tarde, pendiente de sentencia.

Los recurrentes subrayan que también en 2010 se pidió la suspensión de aquella ley, y el Constitucional lo denegó, pero añade que se unieron al fallo cinco votos particulares en los que los magistrados discrepantes criticaban la ausencia de previsión legal para atender dicha imprevisión. Tales votos particulares –argumenta Vox- vuelven a emplazar ahora al Constitucional, que tiene a su juicio una nueva oportunidad para colocar la defensa del derecho a la vida por delante de otras consideraciones. El recurso dirige en este sentido un reproche al tribunal de garantías, porque destaca que se comprometió a decidir con rapidez sobre el recurso contra la ley del aborto, una norma que 11 años después sigue pendiente de sentencia. En medios del Constitucional siempre se ha justificado este retraso con el argumento de que la controversia sobre la citada ley de despenalización ha dado paso a una situación menos conflictiva, en la que no parece conveniente reabrir el debate, cuando ya no existe ni entre las fuerzas políticas.

La impugnación de Vox sostiene que la ley de Eutanasia presenta una “radical inconstitucionalidad”, por cuanto “articula el sacrificio del derecho fundamental a la vida -sustrato ontológico de todos los demás derechos- sobre la base de una inconstitucional ponderación con otros bienes constitucionales, en atención a los cuales no puede ceder el derecho fundamental a la vida”. Añade que “el inconstitucional reconocimiento del derecho de toda persona a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, consagrado en los artículos 1 y 4.1 de la ley, proyecta su inconstitucionalidad sobre la totalidad del articulado”. Y ello por cuanto el resto del texto “no es sino la plasmación de los requisitos (capítulo II), el procedimiento para su realización (capítulo III), las garantías del acceso a la prestación (capítulo IV) y la previsión de las Comisiones de Garantía y Evaluación (capítulo V)”.

Los recurrentes también argumentan que “la configuración de la eutanasia como un derecho subjetivo de nueva generación -en la que su titular estaría legitimado para exigir del sujeto pasivo, esto es, del Estado que actúe para provocar la muerte de un ciudadano- contradice de forma radical lo afirmado reiteradamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia de 29 de abril de 2002, Pretty c. Reino Unido) y por el Tribunal Constitucional (por todas, STC 154/2002, de 18 de julio) de que no existe un derecho a exigir que se provoque la propia muerte”.

El texto añade que “no puede pues el legislador introducir un “nuevo” derecho individual cuya existencia no solo ha sido negada por los más altos tribunales, sino que además implicaría infringir un derecho fundamental como es el de la vida”, consagrado ambo en el art. 15 de la Constitución. Subraya asimismo el recurso que “una cosa es que un determinado acto antijurídico pueda no conllevar determinadas consecuencias jurídicas por las circunstancias concurrentes, y otra es afirmar que dicho acto es un derecho equiparable a aquel cuyo contenido se está infringiendo”, en referencia al derecho a la vida.

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